Sistema Morelense, rehén de Ejecutivo y Legislativo
Juan Pablo Picazo
para Zócalo (No. 101, Julio 2008)
Poco faltó en 2007 para su extinción debido a la parcialmente superada crisis por el refrendo de sus permisos, con la consecuente polémica entre los poderes del estado y el ultimátum de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) lo que, en palabras de la actual directora de los medios, Guadalupe Rodríguez Cobos, habría sido tan serio como el cierre definitivo de entidades públicas como un hospital general o una universidad.
La entrevistada define el panorama de las cuatro radioemisoras desplazadas en Yautepec, Cuautla, Jojutla y Cuernavaca: operan históricamente en sus niveles más bajos de potencia, “aunque tratamos de impulsar la emisora de Jojutla, que tiene un potencial muy grande pues llega a Guerrero y al Estado de México, pero el actual recorte nos ha hecho retroceder en ello”.
Por lo que hace al Canal Tres de televisión, dijo que cubre apenas el 15 por ciento del territorio estatal, mientras que –según el Informe general de actividades 1998-2000 de su entonces director, el extinto Gabriel Efraín Castillo Hernández– cuando era el Sistema Morelense de Radio y Televisión (SMRyTv) abarcaba el 60 y se proyectaba crecimiento.
Rodríguez Cobos declaró a Zócalo que el problema se agrava ante un Congreso que limita su operación al modelo de cualquiera otra de sus propias dependencias, al grado de solicitar en diferentes momentos que los trabajadores de estos medios se “ajusten” a los horarios del resto del personal contratado en el Poder Legislativo. Peor aún, dice, cargan en la nómina de los medios públicos morelenses personal adscrito a otras de sus áreas, como la de comunicación social, por ejemplo.
El reciente recorte presupuestal del 20 por ciento reducirá, según estimaciones de la comunicadora, de 206 mil a sólo 166 mil pesos mensuales el presupuesto operativo; por el contrario, en el papel la actual Dirección de Radio y Televisión del Congreso del estado obtiene recursos anuales por 13 millones de pesos, que la propia Legislatura maneja y de los cuales aproximadamente 11 millones se destinan al pago de nómina.
La reforma gandalla
Para Mario Antonio Caballero Luna, actualmente consejero del Instituto Estatal Electoral del estado de Morelos (IEEM) y en su oportunidad secretario técnico de la Junta de Gobierno del SMRyTv, los medios públicos morelenses “se encuentran pulverizados y precisan una reconstrucción total”.
Recordó que en 1983 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ofreció a los gobiernos estatales la posibilidad de operar frecuencias de radio y televisión; fue así como nació el SMRyTv. La primera de sus estaciones, XHVAC FM inició transmisiones en 1984 en Cuernavaca. Hicieron lo propio en 1985 la XHJLA FM en Jojutla y la XHYTE FM en Yautepec, mientras que en 1986 aparece la XECTA AM en Cuautla y la cobertura inicial del Canal Tres de televisión (XHCMO TV3), inaugurado el 17 de abril de 1991, con una cobertura del 40 por ciento del territorio estatal.
Comenta que “el modelo de las estaciones de radio y televisión permisionarias que existe en Morelos deriva de una reforma ocurrida en el año 2000. Ese año el Partido Revolucionario Institucional pierde la elección para gobernador del estado y, en los meses entre la calificación de las elecciones y la asunción del nuevo gobierno panista, la mayoría que entonces formaba el PRI con el Partido de la Revolución Democrática es aprovechada para hacer una serie de modificaciones, incluida la transferencia al Congreso del entonces Sistema Morelense de Radio y Televisión que dependía del Poder Ejecutivo”.
El argumento para llevar a cabo la reforma, misma que se publicó mediante decreto el 29 de septiembre de 2000 en el número 4079 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, fue que se buscaba un manejo más democrático de esos medios mediante su apertura a la ciudadanía y evitar que fueran empleados solamente para el lustre de la imagen del gobernador en turno. Sin embargo, a decir de Caballero Luna, “el método usado para dar ese paso fue totalmente antidemocrático; se trató de una reforma gandalla para asumir el control del Canal Tres y las cuatro estaciones de radio. Desde ese momento viene una lucha por el poder, una lucha por el control de esos medios”.
Esa batalla entre el Ejecutivo y las fracciones parlamentarias del Legislativo estatal se ha traducido –explica Mario Caballero– en un desgaste del propio canal. Por ejemplo, no hay renovación del equipo, lo que lo ha vuelto extremadamente obsoleto; las pocas compras que se hicieron para su renovación, incluido un transmisor que no sirvió, fueron realizadas con ignorancia; además, sus cargos directivos fueron designados en función de motivaciones políticas y no en relación al desempeño profesional.
La mesa en el pantano
El cambio legal transformó la dinámica de dichos medios, cuya operación y desarrollo se ha supeditado desde entonces a la lucha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, el primero de los cuales detenta los permisos otorgados por la SCT en 1999 al entonces gobernador Jorge Morales Barud. Cuando vencen en 2004, el Congreso solicita los refrendos; éstos les son negados por la autoridad debido a que pertenecen al Ejecutivo –para entonces en manos de Sergio Estrada Cajigal–, quien se niega a la cesión y los medios operan desde entonces y hasta la fecha de manera irregular.
La intervención de la Cofetel ese mismo año y la posibilidad de la clausura reavivaron la polémica, al grado de que el gobernador en funciones, Marco Antonio Adame Castillo, como permisionario original, declaró a la prensa local que si los medios no le eran devueltos al jecutivo, prefería que fuesen cerrados por la autoridad; entonces se realizan varios encuentros entre ambos poderes, pero ninguno cede.
De acuerdo con Guadalupe Rodríguez, lo que salva a estos medios públicos es que el asunto se transformó en un tema de debate que moviliza a la sociedad y trasciende los límites del estado y, en ciertos círculos, rebasa incluso las fronteras nacionales. A ello contribuyeron, señala Rodriguez, entre otras organizaciones civiles, el Centro de Encuentros y Diálogos, la Red de Corresponsables Comunitarios, la Academia Morelense de Derechos Humanos y otros organismos semejantes, además de la decisiva participación de la Red de Televisoras Educativas y Culturales de México en la persona de Ernesto Velázquez, director de TV UNAM, quien en su momento se ofreció como mediador entre los poderes, entrevistándose con el gobernador y presentándole una propuesta.
En dicho contexto, el gobernador Marco Adame Castillo anunció la creación de una Comisión para el Rescate de los Canales de Radio y Televisión y Medios Públicos del Estado de Morelos, cuyo objetivo, según el oportuno comunicado, fue “analizar los mecanismos para el rescate (…), así como los pasos que continuarán para consolidar los medios públicos de Morelos, partiendo de la premisa de que operen con visión de Estado y su prioridad sea el impulso a la cultura, educación, tecnología, las tareas en salud, la promoción de valores democráticos, así como la identidad. La Comisión también tendrá la responsabilidad de definir el futuro de los medios públicos del Estado”.
A dicha Comisión, a la cual los medios locales llamaron sintéticamente Mesa para el rescate del Canal Tres, está formada, por parte del Poder Ejecutivo, por el secretario de Gobierno y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado; los líderes de las fracciones parlamentarias del Congreso del estado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia; así como el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
En opinión de la actual directora de dichos medios, quien asumió el cargo a finales de 2006, la citada comisión no ha obtenido avances significativos; su único logro ha sido que el gobernador solicitara y obtuviera el refrendo de los permisos, porque es su competencia, sin la necesidad de derogar el artículo reformado en 2000. Su diagnóstico va incluso más allá: “la mesa no ha funcionado, sus reuniones han sido infructuosas, los avances y propuestas que se registren son de cada poder, no hay un verdadero trabajo colegiado. Creo que nuestros políticos no alcanzan a dimensionar lo que tienen en las manos”.
¿Organismo autónomo o descentralizado?
Los intentos por sobrevivir más allá de los magros presupuestos asignados, del mero desinterés o peor aún el franco abandono tanto de gobernadores como de legislaturas que han carecido ya de visión o de conocimiento sobre la importancia de la comunicación en la dinámica de las sociedades, han sido sistemáticamente frenados bajo criterios diversos. De acuerdo con Guadalupe Rodríguez Cobos, se han logrado, mediante acuerdos con diversos organismos, recursos hasta por dos millones de pesos que son recibidos en especie, pues los medios públicos no pueden recibir dinero y, eventualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la emisión de recibos deducibles de impuestos a quienes aporten algo que fortalezca a dichos medios; sin embargo, el Congreso canceló también esa posibilidad debido a sus lineamientos administrativos internos.
Por ello, considera que devolver los medios públicos morelenses al Poder Ejecutivo sería un retroceso y conservarlos en manos del Poder Legislativo es un error, pues tampoco responden a sus necesidades actuales. “No sabemos si en su momento los congresistas tenían mucha visión, o la reforma fue un mero acto de revanchismo; el caso es que el paso que se dio hacia la democratización de los medios no se consolidó y de ello se deriva esta encrucijada”.
Para Rodríguez Cobos, quien podría ser la última directora de Radio y Televisión del Congreso del estado, según analistas locales, opina que la propuesta de un organismo autónomo regido por un consejo ciudadano, aunque ideal, es impracticable: “no existen las condiciones y quizás la misma ciudadanía no está preparada para poder participar en este nivel”.
Recordó que el gobernador anunció para septiembre la presentación de su propuesta para la creación de un organismo descentralizado que tenga la representación de los poderes y de la universidad, y estimó que es mejor partir de la propuesta gubernamental, “pues lo importante es sumarse a lo que se está haciendo y no entramparse en una discusión sobre la figura legal, en la definición, cuando lo que importa es la esencia que podamos ofrecer”. De lo que se trata –afirma– es de ofrecer un marco legal fuerte que impida a quien llegue a la dirección de los medios, maniobrar a su antojo o bajo el dictado del amigo influyente que lo colocó en el cargo.
Por su parte, Mario Antonio Caballero Luna, como observador del desarrollo de los medios de comunicación en Morelos, coincide en que los medios públicos no deben volver al Poder Ejecutivo ni ser conservados por el Legislativo, pues a la luz de las reformas electorales y al 134 constitucional que impide el pago de publicidad para promoción personal, se corre el riesgo de que les den ese uso.
Estima que es un deber ciudadano “empujar” la propuesta de la creación de un Instituto Morelense de Radio y Televisión como organismo autónomo con carácter constitucional, cuyo trabajo cuente con un consejo consultivo y directivo en los que haya representación de instituciones académicas, escuelas de comunicación, ayuntamientos y de la sociedad en general, pues se trata de grupos plurales.
Explica que la naturaleza ideal de dicho organismo sería comparable a las del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; o bien, como ocurre a nivel local con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
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