Botín político

Sistema Morelense, rehén de Ejecutivo y Legislativo

Los medios públicos del estado de Morelos, hoy bajo la tutela del Congreso local a través de la Dirección de Radio y Televisión, enfrentan su peor momento en 25 años de vida: operan con equipo en extrema obsolescencia y un presupuesto de apenas 206 mil pesos mensuales con el que se sufragan gastos como servicios, viáticos, gasolina y suplencias de personal, así como mantenimiento y rehabilitación del equipo de cuatro estaciones radiofónicas y un canal de televisión. Por si fuera poco, en fechas recientes le fue recortado en un 20 por ciento el presupuesto.

Juan Pablo Picazo
para Zócalo (No. 101, Julio 2008)

Poco faltó en 2007 para su extinción debido a la parcialmente superada crisis por el refrendo de sus permisos, con la consecuente polémica entre los poderes del estado y el ultimátum de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) lo que, en palabras de la actual directora de los medios, Guadalupe Rodríguez Cobos, habría sido tan serio como el cierre definitivo de entidades públicas como un hospital general o una universidad.

La entrevistada define el panorama de las cuatro radioemisoras desplazadas en Yautepec, Cuautla, Jojutla y Cuernavaca: operan históricamente en sus niveles más bajos de potencia, “aunque tratamos de impulsar la emisora de Jojutla, que tiene un potencial muy grande pues llega a Guerrero y al Estado de México, pero el actual recorte nos ha hecho retroceder en ello”.

Por lo que hace al Canal Tres de televisión, dijo que cubre apenas el 15 por ciento del territorio estatal, mientras que –según el Informe general de actividades 1998-2000 de su entonces director, el extinto Gabriel Efraín Castillo Hernández– cuando era el Sistema Morelense de Radio y Televisión (SMRyTv) abarcaba el 60 y se proyectaba crecimiento.

Rodríguez Cobos declaró a Zócalo que el problema se agrava ante un Congreso que limita su operación al modelo de cualquiera otra de sus propias dependencias, al grado de solicitar en diferentes momentos que los trabajadores de estos medios se “ajusten” a los horarios del resto del personal contratado en el Poder Legislativo. Peor aún, dice, cargan en la nómina de los medios públicos morelenses personal adscrito a otras de sus áreas, como la de comunicación social, por ejemplo.

El reciente recorte presupuestal del 20 por ciento reducirá, según estimaciones de la comunicadora, de 206 mil a sólo 166 mil pesos mensuales el presupuesto operativo; por el contrario, en el papel la actual Dirección de Radio y Televisión del Congreso del estado obtiene recursos anuales por 13 millones de pesos, que la propia Legislatura maneja y de los cuales aproximadamente 11 millones se destinan al pago de nómina.

La reforma gandalla

Para Mario Antonio Caballero Luna, actualmente consejero del Instituto Estatal Electoral del estado de Morelos (IEEM) y en su oportunidad secretario técnico de la Junta de Gobierno del SMRyTv, los medios públicos morelenses “se encuentran pulverizados y precisan una reconstrucción total”.

Recordó que en 1983 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ofreció a los gobiernos estatales la posibilidad de operar frecuencias de radio y televisión; fue así como nació el SMRyTv. La primera de sus estaciones, XHVAC FM inició transmisiones en 1984 en Cuernavaca. Hicieron lo propio en 1985 la XHJLA FM en Jojutla y la XHYTE FM en Yautepec, mientras que en 1986 aparece la XECTA AM en Cuautla y la cobertura inicial del Canal Tres de televisión (XHCMO TV3), inaugurado el 17 de abril de 1991, con una cobertura del 40 por ciento del territorio estatal.

Comenta que “el modelo de las estaciones de radio y televisión permisionarias que existe en Morelos deriva de una reforma ocurrida en el año 2000. Ese año el Partido Revolucionario Institucional pierde la elección para gobernador del estado y, en los meses entre la calificación de las elecciones y la asunción del nuevo gobierno panista, la mayoría que entonces formaba el PRI con el Partido de la Revolución Democrática es aprovechada para hacer una serie de modificaciones, incluida la transferencia al Congreso del entonces Sistema Morelense de Radio y Televisión que dependía del Poder Ejecutivo”.

El argumento para llevar a cabo la reforma, misma que se publicó mediante decreto el 29 de septiembre de 2000 en el número 4079 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, fue que se buscaba un manejo más democrático de esos medios mediante su apertura a la ciudadanía y evitar que fueran empleados solamente para el lustre de la imagen del gobernador en turno. Sin embargo, a decir de Caballero Luna, “el método usado para dar ese paso fue totalmente antidemocrático; se trató de una reforma gandalla para asumir el control del Canal Tres y las cuatro estaciones de radio. Desde ese momento viene una lucha por el poder, una lucha por el control de esos medios”.

Esa batalla entre el Ejecutivo y las fracciones parlamentarias del Legislativo estatal se ha traducido –explica Mario Caballero– en un desgaste del propio canal. Por ejemplo, no hay renovación del equipo, lo que lo ha vuelto extremadamente obsoleto; las pocas compras que se hicieron para su renovación, incluido un transmisor que no sirvió, fueron realizadas con ignorancia; además, sus cargos directivos fueron designados en función de motivaciones políticas y no en relación al desempeño profesional.

La mesa en el pantano

El cambio legal transformó la dinámica de dichos medios, cuya operación y desarrollo se ha supeditado desde entonces a la lucha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, el primero de los cuales detenta los permisos otorgados por la SCT en 1999 al entonces gobernador Jorge Morales Barud. Cuando vencen en 2004, el Congreso solicita los refrendos; éstos les son negados por la autoridad debido a que pertenecen al Ejecutivo –para entonces en manos de Sergio Estrada Cajigal–, quien se niega a la cesión y los medios operan desde entonces y hasta la fecha de manera irregular.

La intervención de la Cofetel ese mismo año y la posibilidad de la clausura reavivaron la polémica, al grado de que el gobernador en funciones, Marco Antonio Adame Castillo, como permisionario original, declaró a la prensa local que si los medios no le eran devueltos al jecutivo, prefería que fuesen cerrados por la autoridad; entonces se realizan varios encuentros entre ambos poderes, pero ninguno cede.

De acuerdo con Guadalupe Rodríguez, lo que salva a estos medios públicos es que el asunto se transformó en un tema de debate que moviliza a la sociedad y trasciende los límites del estado y, en ciertos círculos, rebasa incluso las fronteras nacionales. A ello contribuyeron, señala Rodriguez, entre otras organizaciones civiles, el Centro de Encuentros y Diálogos, la Red de Corresponsables Comunitarios, la Academia Morelense de Derechos Humanos y otros organismos semejantes, además de la decisiva participación de la Red de Televisoras Educativas y Culturales de México en la persona de Ernesto Velázquez, director de TV UNAM, quien en su momento se ofreció como mediador entre los poderes, entrevistándose con el gobernador y presentándole una propuesta.

En dicho contexto, el gobernador Marco Adame Castillo anunció la creación de una Comisión para el Rescate de los Canales de Radio y Televisión y Medios Públicos del Estado de Morelos, cuyo objetivo, según el oportuno comunicado, fue “analizar los mecanismos para el rescate (…), así como los pasos que continuarán para consolidar los medios públicos de Morelos, partiendo de la premisa de que operen con visión de Estado y su prioridad sea el impulso a la cultura, educación, tecnología, las tareas en salud, la promoción de valores democráticos, así como la identidad. La Comisión también tendrá la responsabilidad de definir el futuro de los medios públicos del Estado”.

A dicha Comisión, a la cual los medios locales llamaron sintéticamente Mesa para el rescate del Canal Tres, está formada, por parte del Poder Ejecutivo, por el secretario de Gobierno y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado; los líderes de las fracciones parlamentarias del Congreso del estado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia; así como el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En opinión de la actual directora de dichos medios, quien asumió el cargo a finales de 2006, la citada comisión no ha obtenido avances significativos; su único logro ha sido que el gobernador solicitara y obtuviera el refrendo de los permisos, porque es su competencia, sin la necesidad de derogar el artículo reformado en 2000. Su diagnóstico va incluso más allá: “la mesa no ha funcionado, sus reuniones han sido infructuosas, los avances y propuestas que se registren son de cada poder, no hay un verdadero trabajo colegiado. Creo que nuestros políticos no alcanzan a dimensionar lo que tienen en las manos”.

¿Organismo autónomo o descentralizado?

Los intentos por sobrevivir más allá de los magros presupuestos asignados, del mero desinterés o peor aún el franco abandono tanto de gobernadores como de legislaturas que han carecido ya de visión o de conocimiento sobre la importancia de la comunicación en la dinámica de las sociedades, han sido sistemáticamente frenados bajo criterios diversos. De acuerdo con Guadalupe Rodríguez Cobos, se han logrado, mediante acuerdos con diversos organismos, recursos hasta por dos millones de pesos que son recibidos en especie, pues los medios públicos no pueden recibir dinero y, eventualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la emisión de recibos deducibles de impuestos a quienes aporten algo que fortalezca a dichos medios; sin embargo, el Congreso canceló también esa posibilidad debido a sus lineamientos administrativos internos.

Por ello, considera que devolver los medios públicos morelenses al Poder Ejecutivo sería un retroceso y conservarlos en manos del Poder Legislativo es un error, pues tampoco responden a sus necesidades actuales. “No sabemos si en su momento los congresistas tenían mucha visión, o la reforma fue un mero acto de revanchismo; el caso es que el paso que se dio hacia la democratización de los medios no se consolidó y de ello se deriva esta encrucijada”.

Para Rodríguez Cobos, quien podría ser la última directora de Radio y Televisión del Congreso del estado, según analistas locales, opina que la propuesta de un organismo autónomo regido por un consejo ciudadano, aunque ideal, es impracticable: “no existen las condiciones y quizás la misma ciudadanía no está preparada para poder participar en este nivel”.

Recordó que el gobernador anunció para septiembre la presentación de su propuesta para la creación de un organismo descentralizado que tenga la representación de los poderes y de la universidad, y estimó que es mejor partir de la propuesta gubernamental, “pues lo importante es sumarse a lo que se está haciendo y no entramparse en una discusión sobre la figura legal, en la definición, cuando lo que importa es la esencia que podamos ofrecer”. De lo que se trata –afirma– es de ofrecer un marco legal fuerte que impida a quien llegue a la dirección de los medios, maniobrar a su antojo o bajo el dictado del amigo influyente que lo colocó en el cargo.

Por su parte, Mario Antonio Caballero Luna, como observador del desarrollo de los medios de comunicación en Morelos, coincide en que los medios públicos no deben volver al Poder Ejecutivo ni ser conservados por el Legislativo, pues a la luz de las reformas electorales y al 134 constitucional que impide el pago de publicidad para promoción personal, se corre el riesgo de que les den ese uso.

Estima que es un deber ciudadano “empujar” la propuesta de la creación de un Instituto Morelense de Radio y Televisión como organismo autónomo con carácter constitucional, cuyo trabajo cuente con un consejo consultivo y directivo en los que haya representación de instituciones académicas, escuelas de comunicación, ayuntamientos y de la sociedad en general, pues se trata de grupos plurales.

Explica que la naturaleza ideal de dicho organismo sería comparable a las del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; o bien, como ocurre a nivel local con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Detalla que dicho organismo deberá tener directores operativos nombrados no por el Poder Ejecutivo o el Congreso, sino por esos consejos y con base en su experiencia en el manejo de medios, no en su cercanía o amistad con alguien del poder. Sólo así será posible invertir en los medios públicos y darles el carácter y la importancia que merecen: “urge una renovación a fondo, se espera que la nueva ley de radio y televisión incluya un apartado referente a los medios permisionarios que permita este tipo de figuras, como los organismos autónomos. Asimismo que autorice, si no la comercialización, sí los mecanismos para diversificar sus ingresos de modo que garanticen su autonomía. No se trata de desaparecer las partidas presupuestales, pero tampoco deben ser la única vía de financiamiento”.

Opaca transparencia en la UAEM

La administración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está plagada de irregularidades que comienzan desde la Rectoría, ello le ha valido diversas llamadas de atención por parte del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). Solicitudes de información sin atender, ineficiencia en su página electrónica y acuerdos no declarados con medios de comunicaciónb en materia de imagen pública entre otros, han sido los señalamientos que dicha institución ha rtecibido.

Juan Pablo Picazo
Para Zócalo (No. 98, Abril 2008)

Fernando Bilbao Marcos, desde hace poco más de un año rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se refiere a su administración con palabras como transparencia, honestidad, certeza y legalidad; en su Plan de trabajo, documento que ofrece la Rectoría en www.uaem.mx, establece: la transparencia y la honestidad como principios y valores de la actual gestión (capítulos 5, apartado 5.3) El primero, dice es para “detectar y prevenir el abuso del poder” y el segundo, para que “no haya contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones”.

Dicha administración universitaria, sin embargo, incumple o cumple apenas parcialmente varias de las disposiciones del Artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, con base en el último diagnóstico de transparencia presentado por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Entre las faltas a dicho artículo, de esa ley referido a la información pública que debe difundirse de oficio y actualizarse sin que medie solicitud alguna, figuran: la declaración patrimonial de su rector y las de sus principales funcionarios, sus viáticos y gastos de representación, programas operativos a desarrollar, programas de subsidio, licitaciones de obra, arrendamientos, adquisiciones o adjudicaciones, así como información detallada de las obras ejecutadas con cargo al presupuesto público, entre otras semejantes.

Otros datos contenidos en los 40 numerales de dicho artículo, que son omitidos y a cuya publicación está obligada la UAEM, son: montos de cuotas recibidas, prestaciones correspondientes al personal de base y de confianza, número de plazas de personal por honorarios y su gasto en materia de comunicación.

Lo establecido en el numeral 6 del artículo 32, respecto a viáticos y gastos de representación, adquiere particular importancia en el caso de la UAEM debido a los desplazamientos constantes de Bilbao Marcos, acompañado casi siempre por una comitiva; entre los viajes durante su primer año de gestión se cuentan los realizados a Colombia, Japón, Costa Rica y España, en este último llevó también al secretario general, Alejandro Vera Jiménez, en violación a la propia Ley Orgánica Universitaria vigente, que establece a este funcionario como único responsable legal de la UAEM en las ausencias del rector.

En el caso del numeral 9, que obliga a informar sobre licitaciones, adquisiciones o adjudicaciones, así como arrendamientos, permisos, licencias, concesiones, prestación de servicios y autorizaciones; la universidad de Morelos no informa sobre lo propio respecto las obras en construcción de, entre otras, las facultades de Ciencias, Psicología y Medicina, así como de las nuevas oficinas de la Rectoría y de UFM Alterna, la radio universitaria, como tampoco lo hace respecto de la operación de fondas y cafeterías, papelerías, centros de copiado, máquinas expendedoras de café y refrescos que se localizan en sus instalaciones.

Otros incumplimientos señalados por el monitoreo del IMIPE son: sentencias y laudos que hayan causado ejecutoria; cuotas y tarifas aplicables a impuestos, contribuciones de mejoras y derechos; información del personal en cumplimiento de alguna comisión, que incluya el motivo, tiempo, lugar, salario percibido y remuneración extra por esa comisión, entre otros.

Posición del IMIPE

En este contexto, el consejero presidente del IMIPE, Ariel Homero López Rivera, dijo que cada vez que la UAEM ha tenido un rezago en el cumplimiento de la ley, se le ha notificado y que adicionalmente, de manera oficiosa, también se les hacen notar las inconsistencias en que incurren.

Explicó que la relación de ese organismo con la UAEM ha tenido siempre sus altibajos y que uno de los puntos más difíciles ha sido la publicación de su nómina, pues el rector Fernando Bilbao Marcos se ha declarado en la imposibilidad de corregir la inconsistencia debido a la falta de recursos, según él, para homologar los sueldos.

En tanto, López Rivera señaló que durante 2008 el IMIPE insistirá en ese tema, como hizo durante todo el año pasado, a fin de que la universidad corrija la publicación de su nómina que, además, tiene difícil accesibilidad.
El caso de la UAEM, detalló, es muy importante para el IMIPE, pues la considera como “un punto neurálgico, una especie de bisagra entre la universidad y las autoridades”, por lo que sería óptimo que se colocara a la vanguardia en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, punto del que por ahora se haya muy lejos.

Comentó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como cualquier otra entidad pública, está obligada no sólo a informar sino incluso a justificar ante la sociedad el uso del dinero que ésta le confía para el desarrollo de sus actividades, mediante las aportaciones federales, estatales y recursos propios.
López Rivera detalló que la tarea de los consejeros del IMIPE es escuchar, valorar y ponderar aquellos rubros en los que no se cumple y, dependiendo de la voluntad mostrada, su reticencia o su necesidad de más tiempo para cumplir, es como se toman esas decisiones pues, dijo, se trata de “una tarea de formación de una cultura en materia de transparencia”.

Respecto a la aplicación de sanciones y el establecimiento de plazos para que la UAEM cumpla con el artículo 127 numeral 1 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el funcionario dijo: “la sanción, para el consejo del IMIPE es, ha sido, y debe seguir siendo, la última instancia que puede haber recorrido un proceso”.

Explicó que dicho proceso es, al descubrir una conducta de opacidad, mandar traer al funcionario en cuestión o a su titular, hacer las recomendaciones y dar tiempos perentorios y, si hubiere una marcada resistencia a cumplir, entonces se aplican las sanciones, y el IMIPE va endureciendo su postura. En el caso de la universidad de Morelos, como en el de otros sujetos obligados por la ley, estableció que “ya se dieron cuenta que este asunto de la rendición de cuentas, no tiene marcha atrás”.

“Yo aspiraría a que la UAEM -concluye- caminara en el sentido de ir más allá de lo que le marca la ley, que no se juzgue, como han pretendido algunos actores en su interior, refugiarse en la concepción de autonomía para escapar al concepto de la transparencia”.

Avatares de la nómina universitaria

La prensa local ha publicado, tras una revisión del apartado de transparencia del portal electrónico de la UAEM, algunas de las inconsistencias señaladas por el IMIPE y que han dado lugar a la percepción de que el rector Fernando Bilbao Marcos cobra en la UAEM por dos trabajos de tiempo completo (Rivera, Salvador, El rector recibe como investigador ingresos indebidos, La Unión de Morelos, lunes 25 de febrero de 2007).

Según el artículo 6 del Reglamento para el Ingreso, la Promoción y la Permanencia del Personal Académico de dicha universidad (RIPPA) indica: “La condición laboral de tiempo completo es incompatible con cualquier otro compromiso de carácter laboral similar u otra actividad que interfiera con su labor docente, de investigación o de extensión en la Universidad…” El artículo 20 de ese mismo reglamento confirma esta acepción.

De acuerdo con lo dispuesto por la normatividad universitaria morelense en el artículo 17 del reglamento del Personal Académico de la UAEM, si el rector Bilbao Marcos cobra como profesor de tiempo, debe cubrir 40 horas de labores semanales en la Facultad de Psicología, el citado artículo dice: “Investigadores: Son quienes prestan sus servicios a la Universidad en la Investigación Científica, laborando 40 horas a la semana distribuidas de la siguiente manera: 28 a 32 horas en actividades de investigación estrictamente y de 12 a 8 horas en actividades docentes frente a grupo en materias curriculares, seminarios, conferencias o asesorías de tesis”.

Bilbao Marcos, sin embargo, desahoga una agenda diaria inconciliable con el citado reglamento, en su trabajo propio de la representación institucional, con todo y sus frecuentes viajes por México y el extranjero; a cambio, imparte clases sólo los miércoles y viernes de 7:00 a 9:00 horas.

Este probable abuso del poder, esta aparente contradicción entre pensamientos, palabras y acciones, según los principios de transparencia y honestidad de su Plan de trabajo citado al principio de este documento, vienen de que en el tabulador de salarios se establecen las percepciones del rector en 42 mil 167 pesos, como se muestra en la página electrónica http://portal.dii.uaem.mx/transparencia/personalconfianza.htm, mientras precisa su percepción como profesor investigador titular “B” tiempo completo de nivel superior, bajo número de control 7669 en 14 mil 747.96 pesos, aunque también aparecen variaciones que van de los 22 mil 132.52 pesos a los 28 mil 923.92, según las nóminas del mes de diciembre:

Si lo anterior es como aparece publicado, las percepciones del rector ascienden a 71 mil 090.92 pesos mensuales, a esto habría que agregar las percepciones que recibe por concepto del Programa de Estímulos al desempeño del personal docente, en cuyo listado aparece con nivel IX, el más alto posible.
El secretario general, Alejandro Vera Jiménez, de acuerdo con dicha página de transparencia, recibe un salario mensual de 11 mil 209.84 pesos y por ser Profesor Investigador Asociado “C”, adscrito también a la Facultad de Psicología, recibe además 10 mil 851.16 pesos, mientras Siqueiros Alatorre, cuyo salario mensual reportado es de 13 mil 400.40 pesos, recibe como docente 5 mil 667.55 pesos.
El secretario administrativo, Melchor Araujo Macedo, percibe como secretario 6 mil 683.94 pesos cada mes, aunque el tabulador de salarios dice que por ese rubro cobra 29 mil 182.63, en tanto como profesor investigador titular “A” tiempo completo nivel superior, recibe al mes 12 mil 298.51. Con Jesús Nieto Sotelo, secretario de Extensión, se reproduce el esquema.

Reacciones del Congreso del estado

Por su parte, Víctor Benítez Quintero, diputado por Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Educación del Congreso del estado de Morelos, invitó al rector, los trabajadores y en general a todos los sectores universitarios a que ayuden a transparentar la UAEM, pues es responsabilidad de todos cuidar de ese patrimonio.
Dijo que tanto el rector como su auditor tienen la obligación de responder, de entregar sus informes al Congreso del estado, pues la autonomía universitaria no le exime de la rendición de cuentas.

¿Ejecutivo?

El sordo de la polis

Al describir el autoritarismo perfecto en su novela 1984, George Orwell escribió: “Comparada con la que hoy existe, todas las tiranías del pasado fueron débiles e ineficaces. Los grupos gobernantes se hallaban contagiados siempre en cierta medida por las ideas liberales y no les importaba dejar cabos sueltos por todas partes. Sólo se preocupaban por los actos realizados y no se interesaban por lo que los súbditos pudieran pensar”.

Juan Pablo Picazo
para estosdías

Cosa tenida por cierta es que la opinión pública constituye un factor indispensable no ya para la estabilidad sino para la permanencia de los regímenes democráticos. Por tanto los gobiernos que se presumen de esta naturaleza han de prestar atención al desarrollo de corrientes de opinión y el posicionamiento de sus líderes con el fin de medir el posible impacto de sus decisiones y prevenir conflictos sociales si desean que sus agendas puedan cumplirse sin velo de amenaza, desvío, condicionamiento o franco freno por falta de sustento popular.

Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, piensa lo contrario. Hecho deducible del consejo que les ofreció a los integrantes de la delegación mexicana que competirá en los juegos olímpicos de Beijing: “No se preocupen si hay algún comentario negativo, adverso o de crítica. No tengan miedo de eso.” Agregó que eso es algo que ha aprendido en el desempeño de su propio trabajo: “Hay que ser amos de la propia voluntad, no esclavos de la opinión de otros.”

A primera vista estamos ante un mandatario que en cumplimiento de su deber arenga a las tropas deportivas del país para que asuman una mentalidad positiva, una actitud ganadora frente a sus oponentes sin importar que probablemente sean los mejores del mundo en cada disciplina. Todo está bien, incluso suena mesurado y razonable. Sin embargo, aunque matizó su mensaje con frases como “Sí es importante escuchar a los demás y todos lo hacemos”, insistió en que “es más importante no ser esclavo de lo que dicen los demás, no estar determinado en la vida por lo que dicen los demás.”

Al calor del debate en torno a la reforma energética, esa sola afirmación puede interpretarse como un rudo mensaje a las fuerzas políticas que esperan llevar a cabo una consulta ciudadana sobre el tema, pues como se recordará la suya ha sido una actitud sostenida de rechazo al debate de su proyecto, y hay en éste la necesidad de escuchar a muchos en torno a una decisión que deseaba tomar como un buen “amo de su propia voluntad.”

En la antigua Hélade los atenienses percibían la experiencia diaria de sus vidas en dos grandes campos: la llamada bios oikós, algo así como la vida en casa o vida privada como hoy se llama, y la bios politikós, vida ciudadana –o, como quien dice, la vida pública. Ambas esferas de su desempeño tenían gran valor. Baste ver su presencia en los templos, el anfiteatro, el aerópago y las plazas para dialogar y discutir los temas que les inquietaban.

Hoy en día la vida privada y los asuntos domésticos de cada ciudadano están protegidos por la ley al margen de que algunas figuras públicas –políticos, deportistas y estrellas del espectáculo– “sacrifiquen” parte de esa intimidad en aras de la publicidad gratuita que los medios les dan cuando protagonizan algún escándalo. Más tarde se arrepentirán y atacarán incluso a quienes los persiguen cámara en mano en el interés de sorprenderlos.

Los asuntos públicos en cambio han de ser ventilados y discutidos cotidianamente por todos los sectores sociales involucrados por cuestiones ya de coyuntura o estructurales, y sus anuencias o discrepancias han de ser escuchadas y sopesadas por quienes detentan el poder, pues desestimarlas o ignorarlas compromete la estabilidad social -sobre todo si quien se niega a escuchar es el presidente de la República, en tanto de su conducta se derivan pautas.

Al margen de lo político, de los valores cívicos que se desprenden del simple acto de escuchar al otro, como la tolerancia y el respeto, atender a la voz de los demás es una de las cuatro funciones de la lengua, a saber: hablar, oír, escribir y leer. Si de quien no sabe leer y escribir o carece de facultades para hablar y escuchar lamentamos la pobreza de su condición, sin obstar que se deba a causas extravolitivas, tanto más haremos con quien por propia voluntad no escucha o lo hace con escaso interés, porque las consejas populares no yerran cuando sentencian implacables que no hay peor sordo que quien no quiere oír.

Habrá que añadir además el peligro del mensaje que el Ejecutivo federal da como metodología de gobierno, pues en este país donde los políticos sólo saben jugar a lo que hace la mano hace la tras, más tarde o más temprano tendremos un rebaño de sordos voluntarios en todos los niveles de mando del país, lo que necesariamente implica un retroceso en el camino de la democracia que vamos recorriendo, según las sospechas colectivas.

Por si fuera poco, todos los modelos teóricos establecen de modo necesario a un oyente para que el circuito de la comunicación se cierre y en el mismo acto se reproduzca mediante una respuesta. Sin el oyente no hay comunicación posible y un gobierno así garantiza un regreso al autoritarismo presidencial y el culto a la personalidad.

Ingsoc, el partido que gobierna al superEstado de Oceanía en la novela de 1984 de Orwell, logra lo que parece el velado sueño de Calderón: “Por primera vez en la historia existía la posibilidad de forzar a los gobernados no sólo a una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino a la completa uniformidad de opinión.” Se trata pues de un gobierno en el que “las opiniones que tenga o no la masa se consideran con absoluta indiferencia.”

El concepto opinión pública que hoy conocemos partió de otros semejantes que ya los enciclopedistas trataban en el siglo XVIII. Uno de los más importantes es sin duda el de voluntad general que trabaja Jean-Jacques Rousseau, donde la opinión de la sociedad adquiere matices de mandato (y cabe recordar que el mandante es esa opinión y el mandatario quien recibe las órdenes).

Los panistas que hasta ahora han ocupado la silla presidencial, sin embargo, tienen como premisa de gobierno no tomar en cuenta la opinión de los demás. No debiera extrañarnos este despliegue en Calderón cuando Vicente Fox, su antecesor, instaba públicamente a no leer periódicos para que sus contenidos no empañaran la felicidad de nadie. Así las lecciones panistas de vida se resumen en evasión y en el encierro al propio consejo.

Se endurecen los Estados imperiales

Migrantes, nuevo enemigo público

Biológicamente el ser humano pertenece al reino animal y la naturaleza le dotó del privilegio que minerales y plantas no poseen: el desplazamiento autónomo. En sus inicios como especie el nomadismo era su pauta de conducta como cazador y recolector. Finalmente se ató a la tierra con la agricultura y la ganadería. Luego fueron el comercio, las propiedades, y finalmente el poder. La migración debiera ser vista como un acto natural del individuo y de los pueblos, porque desplazarse fuera de su tierra en busca de mejores condiciones de vida es algo que ha hecho desde el principio de los tiempos. Hoy, sin embargo, representa un problema político de grandes proporciones.

Juan Pablo Picazo
para estosdías

Primero fueron Hitler y la Herrenvolk, luego el comunismo soviético y sus aliados, más tarde los terroristas –vascos, irlandeses y sobre todo árabes–. Hoy el enemigo son los migrantes. Ha ocurrido ya en otras etapas de la historia.

Estados Unidos y la Unión Europea, los poderosos Estados imperiales del planeta, precisan de un antagonista sobre cuyas espaldas puedan colocar la carga de sus discursos ideológicos a fin de sostener sus regímenes mediante el desvío y la desorientación de la opinión pública internacional.

Hace falta algo más que pan y circo según parece, sobre todo ahora que el pan escasea encarecido y el circo mediático no basta para aniquilar el nerviosismo de sus sociedades en todos los sectores, lo que se refleja necesariamente en los mercados financieros internacionales, y, como reza el refrán: “Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero”. Para no ser acusados por sus ciudadanos han salido a la caza de culpables.

El caso es que la soñada raza de señores de Hitler, el comunismo soviético y los terroristas de todas latitudes, representaban, además de objetivos ideales para los discursos, fuerzas activas opositoras que ofrecían auténticas alternativas ideológicas y generaban de paso cierto equilibrio internacional.

Los migrantes, por otro lado, pertenecen a un fenómeno distinto de orden natural y social. Su papel es tan importante que, según los expertos, permite la constante renovación de los bancos genéticos humanos internacionales tanto como la generación de riqueza y el movimiento de la economía internacional, gracias a las remesas que envían a sus lugares de origen.

Todo se paga en esta vida

Para el lector poco avezado todo este asunto puede parecer de una complicación gratuita, pues pensará que su resolución requiere sólo de evitar los flujos migratorios. El problema estriba en la forma de lograr tal cosa, porque no han bastado las medidas encaminadas al estímulo económico de los países de origen, o también llamados países fuente, a fin de que generen trabajo suficiente en calidad y cantidad para retener su población.

Y es que en fechas recientes, voces de alto protagonismo internacional como la de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, han determinado que el problema de las migraciones reside en los países de origen y que de ningún modo tienen parte en ello las naciones europeas.

Es necesario señalar ahora que los llamados países fuente fueron en otro tiempo proveedores del oro que hizo posible su feliz transición de la Edad Media a la Edad Moderna mediante el mercantilismo europeo de los siglos XV al XVIII, y que fueron los principales proveedores de las materias primas que favorecieron el desarrollo de la llamada Revolución Industrial de los siglos XIX y XX, durante el colonialismo.

El problema de la migración cuyos efectos padece Europa, es pues una mera consecuencia del saqueo realizado por sus ancestros. Al devastar los ecosistemas, agotar las minas, saturar los mercados, imponer sanciones y sobre todo deformar sus sociedades llevándolas a la indigencia cuando no al exterminio, fueron menguando la sustentabilidad de esas naciones, sumiéndolas en severas crisis económicas y políticas que en más de un caso han dado lugar a interminables guerras civiles.

Ir y quedar, y con quedar partirse

El fenómeno no se origina sólo en los defectos estructurales y/o en las crisis coyunturales de los países expulsores, sino en la desequilibrada geografía económica y los tratados comerciales basados en condiciones desiguales, que convierten a las naciones de destino en atractivos polos de oportunidad para el desarrollo económico e intelectual de las personas.

La migración obedece a diversas causas: políticas, económicas, étnicas y religiosas. En algunos casos se da también cuando es necesario buscar lugares menos propensos a los desastres naturales, como ocurrió con la Ciudad de México luego de los terremotos de 1985 y la de Villahermosa, tras las inundaciones de 2007.

Quienes abandonan sus lugares de origen lo hacen casi siempre dejando amigos y familia atrás y cualquiera que sea la causa, con el deseo de mejores condiciones de trabajo que les permitan aliviar sus necesidades y hacer frente a sus precarias condiciones de vida.

La separación sin embargo no es fácil y en el rubro de las emociones humanas que suelen pasarse por alto, hay mucho qué decir porque determina la calidad del migrante y sus posibilidades para enfrentar las condiciones derivadas de su extranjería como el maltrato, la humillación y el abuso, lo que eventualmente puede llevar a la delincuencia, tanto del emigrado como del nativo que se siente amenazado.

El migrante trae consigo la ausencia de lo suyo y ya eso forma de entrada un cuadro importante para su futuro desarrollo no obstante si se siente optimista y decidido. Acaso este estado de ánimo haya sido capturado bien por Félix Lope de Vega y Carpio, quien escribió alguna vez: Ir y quedar y con quedar partirse / partir sin alma, ir con alma ajena, / oír la dulce voz de una sirena / y no poder del árbol desasirse. // (…) Hablar entre las mudas soledades, / pedir prestada sobre la fe paciencia, / creer sospechas o negar verdades / es lo que llaman en el mundo ausencia.

El Síndrome de Ulises

El miedo, la soledad, la sensación de fracaso y la imperiosa necesidad de sobrevivir, llevan al migrante a situaciones de estrés distintas, al grado máximo de afectación psicológica por estos factores, se le denomina Síndrome de Ulises, en honor del personaje mítico descrito por Homero, quien trata desesperadamente de regresar a su país durante diez años sin conseguirlo.

Este síndrome, también llamado de estrés crónico múltiple, fue descubierto por Joseba Achótegui, catedrático de la Universidad de Barcelona y siquiatra del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados (SAPPIR), quien estableció que ante la lejanía de sus familias, la dificultad para acceder a los mercados de trabajo, el miedo a la deportación, las mafias y el maltrato constante y el imperativo de sobrevivir, los migrantes son sometidos a niveles de estrés límite.

Según las cifras ofrecidas por diversos organismos humanitarios y de ayuda a migrantes, en la actualidad, el número de personas sometidas a este padecimiento se eleva a 800 mil aproximadamente.

En su artículo denominado Emigrar en situación extrema: el Síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (Síndrome de Ulises), Joseba Achótegui, afirmaba: “En este trabajo se postula que existe una relación directa e inequívoca entre el grado de estrés límite que viven estos inmigrantes y la aparición de sus síntomas psicopatológicos. Consideramos que ante esta nueva problemática, los profesionales de la salud mental no podemos mirar hacia otro lado y pensamos que es nuestro deber darla a conocer a la opinión pública para su debate y resolución.”

Esa llamada de atención internacional apareció en 2004 en el número 21 de la revista especializada Norte de salud mental, hoy en 2008, la Unión Europea acrecienta, con sus recientes disposiciones legales, los factores que pueden derivar en ese padecimiento.