Riesgo de retroceso en Morelos al derecho de acceso a la información

(Con el nuevo escenario derivado de la última elección, esta amenaza está, según el decir de varios expertos, conjurada; no obstante, es posible que aún pueda concretarse en la nueva Legislatura local y como sea, marca una tendencia todavía visible.)

A cinco años de su creación, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística enfrenta aún prácticas de resistencia por parte de algunas instituciones como ayuntamientos y entidades paramunicipales. Si bien cuenta ahora con la buena disposición del Poder Ejecutivo local, los poderes Legislativo y Judicial buscan aún mermar sus facultades con la suspensión de sus resoluciones y una propuesta reforma a la ley que les quitaría definitividad.

Por Juan Pablo Picazo
Para Zócalo

Tanto el ejercicio del derecho de acceso a la información pública como el desarrollo de una cultura de la transparencia se encuentran en grave riesgo de retroceso debido a prácticas de resistencia como la reforma a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del estado de Morelos que impulsa el Congreso local, reconoció Eleael Acevedo Velázquez, consejero presidente del Instituto Morelense de la Información Pública y Estadística (IMIPE).

Dijo que en el país los institutos de transparencia han observado cada vez de modo más recurrente que los actores del poder político han caído en la tentación de manipular los procesos legislativos a efecto de retardar o evitar la incidencia que sobre ellos tienen la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, señaló que Morelos ha tenido una de las mejores leyes del país en la materia por lo que han servido de modelo a las de otras entidades y que el IMIPE reúne todas las características dispuestas en el nuevo Artículo sexto constitucional, ir en contra de ellas, es ir en contra de la Constitución, señaló.

En entrevista con Zócalo después de la presentación del quinto informe de actividades de ese órgano autónomo en el marco del seminario Retrospectiva del derecho a saber en Morelos realizado los días 14 y 15 de mayo, Acevedo Velázquez explicó que dicho proyecto pretende quitar la definitividad a las resoluciones del IMIPE y facultar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para impugnarlas a petición de los sujetos obligados por la ley.

Expuso que las regresiones legislativas pueden frenar el avance conseguido a través de la socialización del derecho de acceso. En el caso del estado de Morelos, la iniciativa del Legislativo de dilatar los procesos de solicitud de información conduciría a la decepción colectiva y a una seria crisis de credibilidad en la transparencia de las instituciones, por lo que recordó que “el rescate de la confianza ciudadana en el ejercicio de su derecho, puede tardar mucho tiempo.”

En torno a la suspensión de una de sus resoluciones por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) explicó que la controversia constitucional interpuesta por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no procede debido a que el IMIPE no invade las competencias de dicha institución, sino que actúa sólo como garante del derecho de acceso a la información pública, por lo que dicha acción es violatoria del Artículo sexto constitucional.

Dicha institución educativa se rehusó a revelar el nombre de la persona a quien acredita el certificado de preparatoria número 534 y para ello interpuso ante el TSJ un recurso de controversia constitucional, no obstante que el 29 de abril de 2008 había aceptado su carácter apócrifo mediante un oficio firmado por el entonces del jefe del Departamento de Certificación de la Dirección de Servicios Escolares de la UAEM, Gabriel Cipriano Albarrán García, quien afirmó: "El certificado completo de bachillerato en la especialidad de Económico-Administrativo-Contable y Ciencias Sociales, expedido a favor del C. González Baza J. Lorenzo, carece de Validez Oficial, debido a que no se encontró registro alguno de su ingreso a la Máxima Casa de Estudios, además de que el registro en libros y número de folio del certificado en comento corresponden al C. González Baza Ausencio".

Para el consejero presidente del IMIPE es claro que el TSJ se equivoca en el asunto y por ello interpondrá los recursos necesarios para restaurar el orden en materia de transparencia de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política; más aún, estima que el fallo a favor de la UAEM es una suerte de venganza contra el órgano garante morelense.

La lejana cultura de la transparencia

La sociedad mexicana aún está lejos de poseer una cultura de la transparencia, afirma, pues ello requiere de que el derecho de acceso permee en ella como un valor de la democracia, por lo que es obligación de los órganos garantes como el IMIPE, cuidar que los procesos de solicitud culminen en experiencias venturosas en que no sólo se reciba la información, sino que esto se haga de modo expedito. Acevedo Velázquez se pregunta: “¿Qué pasa si el proceso tarda dos años o más debido a esas reformas? Vendrá esa decepción, los ciudadanos se sentirán defraudados.”

Explica Eleael Acevedo que los avances en el cumplimiento de la ley de acceso por parte de las entidades públicas, obedece a que sus titulares han observado los resultados de no acatarla y han decidido asumir la obligación como algo inevitable; sin embargo, la transparencia aún no permea en ellos como un valor democrático.

Aunque parezca a algunos un pobre avance, asumir la obligatoriedad de la ley ya lo es hacia la distante meta de la cultura de la transparencia, pues gracias a ello los sujetos obligados se resisten mucho menos. Algunos incluso debieron aprenderlo sólo después del largo proceso de juridificar el derecho de acceso, como en el caso del TSJ, que al final perdió dicho proceso, su experiencia sirvió mucho para que el resto de los sujetos obligados fuera menos renuente.

Un caso en que el cumplimiento va más allá de la obligatoriedad es el del Poder Ejecutivo, pues la actual administración ha consentido en la publicación de las nóminas completas, la lista de comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que cobran, e incluso las cédulas profesionales de sus funcionarios, lo que ha derivado en el conocimiento de que algunos funcionarios públicos tienen títulos falsos.

Pero no todo es el Ejecutivo, afirma. Así que los poderes municipales y no pocos partidos políticos además de muchas otras instancias son reacios al cumplimiento de sus obligaciones. No se han permitido ver la ventaja de imagen que sería la incorporación del cumplimiento con la ley de transparencia como parte de su naturaleza en el caso de los primeros y de sus plataformas ideológicas, en el caso de los segundos.

Socialización, el eje de todo

Para Eleael Acevedo lo más importante en este momento histórico es el uso de diversas estrategias de difusión y socialización, pues a diferencia de la ciudadanización de los procesos electorales, la aprobación del derecho de acceso a la información pública no surgió como una exigencia ciudadana, por lo que la sociedad en general lo desconoce.

Explica: “Después del 88 y la caída del sistema, la sociedad y los partidos políticos entraron en una dinámica de exigir al poder político que entregara a la sociedad los procesos electorales, pero fue una demanda social que buscaba la legitimación de dichos procesos. Después del 2000, hay una inercia que provoca el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un valor fundamental para la democracia, pero no viene de la sociedad, no es una demanda social, la sociedad no lo conoce, no lo tiene racionalizado ni como principio ni como algo teórico, mucho menos como un ejercicio”.

Es a partir de 2002 que empieza la aparición de las leyes de acceso como un efecto dominó, unas buenas y unas malas, dice el consejero, y añade que en ese momento los políticos empiezan a darse cuenta de que esto afecta su estilo en el ejercicio del poder y tratan de detenerla como sea: nombrando gente a modo en los órganos garantes o reformando la ley para hacerla más light o descafeinada, por ejemplo.

Hoy el Artículo sexto constitucional establece que el Estado mexicano debe garantizar el derecho de acceso a la información, que deberá darse respuesta expedita a los solicitantes y que deberá hacerse a través de órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

“Lo que necesitamos ahora para fortalecer el ejercicio del derecho de acceso y su incorporación a nuestra cultura democrática como un valor, es socializarlo, pero para ello no basta con darlo a conocer, sino que es necesario llevar los procesos de solicitud a escenas exitosas.” Dice Acevedo Velázquez.

Los expertos en el campo coinciden en que si los procesos de solicitud de información se alargan a través de mecanismos de impugnación como el propuesto por el Poder Legislativo y que contravienen el Numeral IV del Artículo sexto constitucional, la ciudadanía se abstendrá del ejercicio de este derecho, lo que obra en contra del desarrollo de la cultura democrática del estado y sienta un mal precedente en el país.

El estado de la transparencia

Luego de asegurar que no obstante estos avatares el órgano de transparencia de Morelos vive un panorama radicalmente distinto, el presidente del IMIPE recordó que durante sus primeros años de vida ese órgano autónomo enfrentó lo que denominó “intentos notorios y sistemáticos por evadir, contener, litigar o francamente obstaculizar” la aplicación de la ley mediante toda clase de acciones, desde la presión directa hasta un intento de asfixia presupuestal.

Destacó que en lo general ese órgano garante se encuentra ante una mayor disposición de cumplimiento por parte de los 116 sujetos obligados, aunque también es menester destacar las profundas reticencias para cumplir con la ley que tienen la mitad de los partidos políticos, los ayuntamientos y organismos paramunicipales.

Un dato ilustrativo es que durante el periodo informado se elevó en casi 200 por ciento el número de solicitudes debido al incremento sustancial del uso del sistema Infomex, herramienta que permite presentar solicitudes de información vía electrónica, con dicho incremento no obstante, se incrementaron los recursos de inconformidad interpuestos por los ciudadanos.

De acuerdo con los datos expuestos, otros factores que afectan al cumplimiento con lo dispuesto por la ley de acceso, es que los sujetos obligados no toman con seriedad la función de los titulares de las Unidades de Información Pública (UDIP), tienen en total abandono sus archivos, carecen de páginas web o están difícilmente disponibles al usuario y no responden o dan seguimiento a las solicitudes de información.

Acevedo Velázquez señaló que algunos de los sujetos obligados persisten en sus prácticas de resistencia y que incluso han desarrollado lo que denominó “novedosas argucias” mediante las que intentan posponer o anular sus resoluciones.

Un total de 3 mil 300 solicitudes de información fueron cursadas en el período, la mayoría de ellas estuvieron dirigidas a la UAEM, a los ayuntamientos de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata así como al Instituto de Educación Básica (IEBEM) además de la Procuraduría General de Justicia.

La mayoría de las solicitudes de información se enfocaron a temas o acciones que afectan directamente a la ciudadanía interesada como los cambios de uso del suelo, realización de obras y otros semejantes. Mientras que los temas a los que los sujetos obligados oponen más resistencia son los referentes a presupuestos, nóminas, gastos personales y de representación, gastos de telefonía o gasolina; no obstante, según el informe, la mayoría de las solicitudes han sido resueltas a favor de los solicitantes.